El Régimen Resarcitorio del Despido Discriminatorio y la Derogación de Multas Laborales por la Ley 27.742
Análisis Doctrinario y Jurisprudencial en la Provincia de Buenos Aires y el Fuero Nacional
DERECHO LABORAL
11/11/202614 min read
El Nuevo Marco Normativo de la Ley 27.742 y la Supresión del Régimen Punitivo-Indemnizatorio Laboral
La sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 modificó de manera sustancial la arquitectura del Derecho del Trabajo en la República Argentina1. A través de sus artículos 99 y 100, el legislador dispuso la derogación expresa del entramado de sanciones e indemnizaciones agravadas que regían la falta o deficiencia de registración de la relación laboral, reguladas precedentemente en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, así como en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25.3231. Asimismo, se suprimieron las indemnizaciones sancionatorias derivadas de la falta de entrega de certificados de trabajo reguladas por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT, modificado por la Ley 25.345) y los recargos indemnizatorios previstos para estatutos especiales como el trabajo de casas particulares regulado por la Ley 26.8443.
Esta reforma eliminó el modelo coercitivo tarifado instituido a partir de la década de 1990 para combatir el empleo informal y desincentivar la mora en el pago de créditos alimentarios5. Paralelamente, la Ley 27.742 incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 245 bis, fijando un régimen específico para el despido motivado por actos discriminatorios2. La coexistencia de la eliminación de multas por clandestinidad y la creación de un tope o tarifa resarcitoria para la discriminación ha generado un intenso debate principiológico y procedimental en los tribunales laborales de la Provincia de Buenos Aires (Tribunales del Trabajo y Suprema Corte de Justicia Provincial - SCBA) y del Poder Judicial de la Nación (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CNAT)3.
El cambio de paradigma desplaza la discusión desde la mera aplicación de penalidades automáticas hacia la delimitación del derecho de daños, la tutela de los derechos adquiridos, el control de constitucionalidad por regresividad normativa y la invocación supletoria del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) o de la Ley Antidiscriminatoria N° 23.5922.
La Aplicación Temporal de la Reforma: Irretroactividad, Ultraactividad y la Controversia sobre la Ley Penal Más Benigna
La determinación del efecto temporal de la Ley 27.742 ha generado posturas contrapuestas entre las defensas empleadoras y las representaciones de los trabajadores ante los tribunales del trabajo3.
La tesis mayoritaria en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y en los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sostiene la ultraactividad de las normas derogadas y la estricta irretroactividad de la reforma3. Con fundamento en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, esta postura establece que la nueva ley no puede alterar los efectos de situaciones jurídicas ya consumadas bajo el imperio de la legislación anterior6. Dado que el crédito indemnizatorio por infracción a la Ley 24.013 o a la Ley 25.323 se devenga al momento en que transcurre la intimación fehaciente o se produce el distracto laboral, dicho derecho queda definitivamente incorporado al patrimonio del trabajador bajo el amparo de la garantía constitucional de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional1. Bajo esta premisa, la sentencia judicial posee una naturaleza meramente declarativa respecto de un crédito preexistente9. Este criterio ha sido consolidado por los superiores tribunales provinciales, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en el fallo Cabral c/ Curuzú Bus S.R.L., e integrado uniformemente por las Salas V, IX y X de la CNAT3.
En contraposición, una postura minoritaria promovida por sectores de la defensa patronal y adoptada de forma aislada por tribunales de grado —tal el caso del Tribunal del Trabajo N° 1 de San Miguel en la causa Giménez c/ René— postula la aplicación inmediata de la Ley 27.742 amparándose en la doctrina de la ley penal más benigna4. Quienes defienden esta postura argumentan que los recargos de las Leyes 24.013 y 25.323 constituyen penas privadas imposibles de ejecutar una vez derogada la norma sancionatoria, extendiendo por analogía el artículo 2 del Código Penal a las causas sin sentencia firme3.
No obstante, la doctrina laboralista dominante integrada por Spaventa, Formaro, Neira y Biagioni Parrella ha refutado la invocación del principio de benignidad penal1. Estos autores señalan que las sumas previstas en la normativa laboral derogada poseen una naturaleza eminentemente resarcitoria y de reparación propia del Derecho Privado del Trabajo, orientadas a compensar de manera tasada el perjuicio ocasionado por el ilícito registral y la mora patronal, por lo que resultan totalmente ajenas al ámbito del Derecho Penal sancionatorio1.
El Control de Constitucionalidad y Convencionalidad: El Principio de No Regresividad frente a la Supresión de Sanciones
En los supuestos donde se pretende aplicar la supresión de multas a relaciones laborales extinguidas tras la promulgación de la Ley 27.742, la doctrina principiolista sostiene la inconstitucionalidad sobreviniente del Título V de dicha norma por violación directa del bloque de constitucionalidad federal consagrado en los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional1.
La impugnación de inconstitucionalidad por regresividad se estructura en el deber del Estado argentino de respetar la prohibición de retroceso en materia de derechos sociales, contemplada en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Protocolo de San Salvador1. Desde esta perspectiva, la eliminación lisa y llana de los dispositivos que desincentivaban la clandestinidad laboral constituye un retroceso injustificado que disminuye el nivel de protección previamente alcanzado sin ofrecer mecanismos sustitutivos o compensatorios de fiscalización o resarcimiento6.
Asimismo, se argumenta que la supresión de las indemnizaciones agravadas lesiona la garantía de condiciones dignas y equitativas de labor y la protección contra el despido arbitrario1. Al abaratarse el costo de la desvinculación e indemnizarse la informalidad laboral bajo idénticos parámetros que el empleo debidamente registrado, se genera un incentivo al fraude laboral y se vacía de contenido el orden público de protección tutelar indisponible consagrado en el artículo 12 de la LCT1.
El Despido Discriminatorio tras el Artículo 245 bis de la LCT: Límites, Carga Probatoria y Tensión con la CSJN
La incorporación del artículo 245 bis a la Ley de Contrato de Trabajo por intermedio de la Ley 27.742 introdujo un régimen específico para el despido motivado por un acto discriminatorio, reconfigurando sustancialmente la tutela jurídica ante esta clase de ilícitos2. La norma delimita las causales discriminatorias a los motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial8. Adicionalmente, impone de forma expresa que la carga de la prueba recae exclusivamente en la parte que invoca la causal, establece una indemnización agravada tarifada de entre el 50% y el 100% de la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT, dispone que el despido producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos y prohíbe la acumulación con otros regímenes agravados2.
La doctrina especializada resalta discrepancias conceptuales entre el nuevo artículo 245 bis de la LCT y el régimen general de la Ley Antidiscriminatoria N° 23.5922. Mientras que la Ley 23.592 presenta una cláusula genérica y expansiva en su primer párrafo, la enumeración del artículo 245 bis es interpretada como taxativa2. Por ende, aquellos actos de discriminación no enunciados expresamente en el texto laboral —tales como la discriminación por edad, enfermedad o represalias contra testigos— continúan aprehendidos por la Ley 23.592, posibilitando la reclamación de la reparación plena sin sujeción al tope legal del artículo 245 bis2.
Por otra parte, la exigencia procesal de imputar la carga probatoria exclusivamente al trabajador colisiona con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Pellicori, Sisnero, Varela, Caminos y Salguero2. En dicha saga jurisprudencial, respaldada por el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, la CSJN consagró el principio de las cargas probatorias dinámicas2. Según este estándar, al trabajador le basta aportar indicios razonables y serios (prima facie) para que se traslade al empleador la carga de probar que la medida extintiva respondió a causas objetivas y ajenas a todo sesgo discriminatorio2. La pretensión del artículo 245 bis de derogar este estándar procesal es calificada por la doctrina como inconvencional y contraria al principio de tutela judicial efectiva2.
La mayor tensión teórica y práctica reside en la norma que ordena la extinción definitiva del contrato y pretende impedir la reinstalación del trabajador discriminado2. En el precedente rector Álvarez c/ Cencosud S.A., la CSJN dictaminó que ante un despido discriminatorio resulta aplicable el artículo 1 de la Ley 23.592, por lo que el acto rescisorio es nulo y carece de eficacia extintiva al vulnerar el jus cogens internacional, imponiéndose la reincorporación del dependiente21. Diversos fallos dictados por la Justicia Nacional del Trabajo y por Tribunales del Trabajo bonaerenses han declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de reinstalación contenida en el artículo 245 bis LCT, ordenando la reincorporación de los trabajadores desueldos en contextos de medidas de fuerza o represalias testimoniales, tal como se resolvió en la causa Espíllaga c/ San Marcos E.S.A.19.
La Tesis de la Reparación Integral por Derecho Común (Código Civil y Comercial y Ley 23.592)
Frente al vacío normativo dejado por la supresión de las indemnizaciones tarifadas de las Leyes 24.013 y 25.323 y las limitaciones del artículo 245 bis de la LCT, la doctrina laboralista articulada por Juan José Formaro ha desarrollado la tesis de la "Reparación Integral por Derecho Común"5.
Esta construcción jurídica sostiene que la derogación legislativa de la tarifa previa no erradica la antijuridicidad del incumplimiento patronal ni extingue el daño derivado del trabajo informal o del despido represivo5. Por el contrario, la remoción de la tarifa legal retira el corsé normativo que acotaba la apreciación judicial, habilitando de forma directa la aplicación de las normas del derecho común consagradas en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el principio alterum non laedere emanado del artículo 19 de la Constitución Nacional5. Dado que la registración del contrato laboral constituye una obligación legal primordial, su omisión configura un incumplimiento imputable que genera responsabilidad obligacional directa según los artículos 1716, 1723 y 1749 del CCyC5. A diferencia de la derogado régimen de la Ley 24.013, la acción resarcitoria por derecho civil no requiere intimación formal previa durante la vigencia del vínculo laboral ni se acota a los plazos restrictivos de las leyes especiales5.
Bajo el régimen de la reparación plena del Código Civil y Comercial, se identifican esferas de daños resarcibles autónomos que comprenden:
La dimensión del daño patrimonial en sus vertientes de lucro cesante y pérdida de chance, derivada de la privación de aportes al sistema de seguridad social5. Ello abarca la mermante proyección del haber jubilatorio futuro, la imposibilidad de acceder a prestaciones por desempleo, la falta de cobertura frente a contingencias de salud y riesgos del trabajo por ausencia de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), y la afectación al acceso a créditos del sistema financiero5.
La dimensión del daño extrapatrimonial o daño moral, regulada en los artículos 1738 y 1741 del CCyC, la cual se configura a partir del estado de inseguridad, angustia y lesión a la dignidad personal derivado de la clandestinidad laboral o del sesgo injurioso de la desvinculación5. En los casos de empleo no registrado, la doctrina postula que el daño moral se presume in re ipsa, recayendo en el empleador la carga de refutar la existencia del agravio legítimo5.
La reparación de los mayores daños causados por la mora en el pago de acreencias alimentarias, en virtud de la supresión del artículo 2 de la Ley 25.3235. Ante la pérdida intempestiva del empleo, los gastos de endeudamiento e insolvencia incurridos por el trabajador para cubrir sus necesidades primarias constituyen consecuencias mediatas resarcibles en los términos de los artículos 1727 y 1728 del CCyC, permitiendo fijar indemnizaciones que superen el mero cálculo de intereses moratorios5.
Análisis Comparativo Jurisprudencial: CSJN, SCBA y Fuero Nacional del Trabajo (CNAT)
La jurisprudencia de los máximos tribunales y de la Cámara de Apelaciones refleja aproximaciones operativas diferenciadas respecto del despido discriminatorio, la irretroactividad de las reformas y la procedencia de rubros extrapatrimoniales3.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene una doctrina de tutela reforzada del ser humano en el contrato laboral23. En las causas Álvarez c/ Cencosud y Puig c/ Minera Santa Cruz, ratificó la prevalencia de las normas antidiscriminatorias y del jus cogens internacional sobre el régimen ordinario de estabilidad impropia del Código del Trabajo, habilitando la reinstalación en el empleo y la compensación del daño moral23. En materia probatoria, los fallos Pellicori y Sisnero constituyen la doctrina vinculante que desplaza la severidad probatoria introducida por el artículo 245 bis LCT2.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mantiene una doctrina protectora del derecho de propiedad y de la estabilidad de las situaciones consumadas9. Respecto del efecto temporal de leyes reformatorias, la SCBA rechaza sistemáticamente la alteración de créditos indemnizatorios devengados con anterioridad a la vigencia de la nueva norma9. En materia de resarcimiento por desvinculación, el tribunal ha sostenido en precedentes como Sffaeir c/ Cooperativa Eléctrica de Chacabuco que, si bien la tarifa del artículo 245 LCT absorbe en principio los perjuicios derivados del despido incausado, la reparación del daño moral resulta procedente cuando el distracto es ejecutado mediante actos discriminatorios, injuriosos o imputaciones infamantes de carácter extracontractual10.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha tomado el rol más activo en la impugnación de los preceptos de la Ley 27.7423. Sus diversas Salas han declarado de forma reiterada la irretroactividad de la supresión de las indemnizaciones de las Leyes 24.013 y 25.3233. Paralelamente, en demandas tramitadas bajo la vigencia del artículo 245 bis LCT, las Salas del fuero nacional han dispuesto la inconstitucionalidad de la norma en lo relativo a la prohibición de reinstalar y al tope indemnizador, concediendo restituciones de puestos de trabajo y reparaciones integrales por daño moral y patrimonial fundadas en la Ley 23.592 y el Código Civil y Comercial de la Nación19.
Cuadro Comparativo de Regímenes y Doctrinarias de Reparación
Dimensión de Análisis
Régimen Previo (Leyes 24.013, 25.323, Ley 23.592)
Régimen Ley Bases (Ley 27.742 / Art. 245 bis LCT)
Tesis Constitucional y Reparación por Derecho Común (CCyC)
Falta de Registración Laboral
Sanciones e indemnizaciones tarifadas automáticas (Arts. 8, 9, 10 y 15 LNE; Art. 1 Ley 25.323)1.
Derogación total de las multas e indemnizaciones por clandestinidad (Arts. 99 y 100 Ley 27.742)1.
Inconstitucionalidad por regresividad (Art. 14 bis CN y CADH)1 o Reparación plena de los daños patrimoniales y morales (Art. 1740 CCyC)5.
Remedio ante Despido Discriminatorio
Nulidad del acto extintivo y Reinstalación en el puesto de trabajo con salarios caídos (Ley 23.592)21.
Extinción definitiva del vínculo laboral en todos los casos. Prohibición de reinstalación8.
Inconstitucionalidad del Art. 245 bis LCT por violación del jus cogens y el precedente Álvarez c/ Cencosud22.
Cuantificación del Perjuicio Discriminatorio
Indemnización por despido más Daño Moral integral no tarifado fijado por apreciación judicial16.
Indemnización agravada tarifada: recargo del 50% al 100% sobre la tarifa del Art. 245 LCT2.
Reclamo de reparación plena por derecho civil (Arts. 1738 y 1741 CCyC) por insuficiencia de la tarifa5.
Carga de la Prueba en Discriminación
Teoría de las Cargas Dinámicas / Acreditación de indicios suficientes (Pellicori, CSJN)2.
Carga probatoria puesta exclusivamente sobre el trabajador que invoca la causal2.
Impugnación por inconvencionalidad y aplicación de la doctrina de la CSJN sobre indicios prima facie2.
Mora en el Pago de Indemnizaciones
Agravamiento del 50% de la indemnización por despido (Art. 2 Ley 25.323)3.
Supresión del recargo. Aplicación de intereses moratorios ordinarios3.
Reclamo de mayores daños sufridos por la mora en acreencias alimentarias (Arts. 1727 y 1728 CCyC)5.
Conclusiones y Prospectiva de Litigiosidad
La profunda reestructuración sancionada por la Ley 27.742 ha reconfigurado los ejes del litigio laboral en la Argentina, trasladando la controversia desde el reclamo automático de tarifas punitivas hacia el debate constitucional sobre el derecho de daños y el principio de no regresividad5.
En primer término, la jurisprudencia del fuero laboral nacional y de la Provincia de Buenos Aires consolida una postura uniforme que veda la aplicación retroactiva de las derogaciones dispuestas por los artículos 99 y 100 de la Ley 27.742 a contratos extinguidos o intimados previamente a su vigencia1. Ello responde a la estricta protección de los derechos adquiridos amparados por el artículo 17 de la Constitución Nacional y al rechazo de la doctrina penal de la ley más benigna en materia resarcitoria laboral1.
En segundo término, para los conflictos originados bajo el nuevo marco legal, la doctrina y jurisprudencia avanzan activamente en la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 245 bis de la LCT en lo referente a la prohibición de reinstalación y a la rigidez probatoria2. Las soluciones judiciales revalidan la doctrina de las cargas dinámicas de la prueba sentada en el fallo Pellicori y mantienen la operatividad de la reincorporación bajo la Ley 23.592 para supuestos de violaciones de derechos fundamentales20.
Finalmente, la supresión de las indemnizaciones tarifadas por clandestinidad y mora no opera como un eximente de responsabilidad patronal5. La aplicación supletoria e integrativa del Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 1738, 1740 y 1741) habilita la pretensión de reparación plena del daño patrimonial y extrapatrimonial5. De este modo, la apreciación judicial de los menoscabos causados por el empleo informático o por el distracto arbitrario subsiste como el instrumento definitivo para garantizar la tutela judicial efectiva de los trabajadores5.
Fuentes citadas
SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD, INVALIDEZ O, https://relatsargentina.com/documentos/Actualidad/Spaventa.DNU.pdf
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del, https://pasbba.com.ar/el-nuevo-art-245-bis-de-la-lct-y-la-reedicion-de-viejos-errores-del-pasado/
#Fallos Se anula la sentencia de Cámara que había aplicado, https://aldiaargentina.microjuris.com/2026/10/13/fallos-se-anula-la-sentencia-de-camara-que-habia-aplicado-retroactivamente-la-ley-27-742-ley-de-bases-para-rechazar-indemnizaciones-laborales/
Ley 27742. Derogación De Las Mal Llamadas Multas. - elDial.com, http://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/V2/doctrina2.asp?base=50&id=15596&t=d
REPARACION PLENA DE LOS DAÑOS ANTES TARIFADOS POR, https://estudioformaro.com.ar/wp-content/uploads/2025/02/1.-REPARACION-PLENA-DE-LOS-DANOS-ANTES-TARIFADOS-POR-LAS-LEYES-24013-y-25323.pdf
Inconstitucionalidad Derogacion Multas Laborales | Legal-IT-Ø, https://www.legalito.ar/inconstitucionalidad-derogacion-multas-laborales
La aplicación temporal de la derogación de las sanciones de las, https://abogados.com.ar/la-aplicacion-temporal-de-la-derogacion-de-las-sanciones-de-las-leyes-24013-25323-y-25345-una-vision-componedora/35363
Cuestiones probatorias del despido discriminatorio - AADTYSS, https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/4671/MAURINO%20REIDEL%20-%20Cuestiones%20probatorias%20del%20despido%20discriminatorio....pdf
Irretroactividad vs Retroactividad de la reforma laboral Ley Bases, https://garciaalonso.com.ar/blog/retroactividad-de-la-reforma-laboral/
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires - SCBA, https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=22909
#Doctrina La inseguridad jurídica que genera la ley N° 27.742, https://aldiaargentina.microjuris.com/2024/10/07/doctrina-la-inseguridad-juridica-que-genera-la-ley-n-27-742/
se dictaron las primeras sentencias que aplicaron la “Ley Bases”, https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5305/Fuero-laboral-se-dictaron-las-primeras-sentencias-que-aplicaron-la-Ley-Bases
Lo que pasó, pasó - Diario Judicial, https://www.diariojudicial.com/news-100884-lo-que-paso-paso
6 de NOVIEMBRE 2026 - Sociedad Argentina de Derecho Laboral, https://sadl.com.ar/novedades-jurisprudenciales-2022-2023-ultimos-sumarios-de-fallos-ultima-actualizacion-setiembre-2023/
#Fallos San Juan: Se reconoce la existencia de una relación laboral, https://aldiaargentina.microjuris.com/2026/08/27/fallos-san-juan-se-reconoce-la-existencia-de-una-relacion-laboral-entre-un-repartidor-y-empresa-de-aplicaciones-desestimando-la-defensa-de-locacion-de-servicios/
capitulo 3: la defensa contra el despido discriminatorio, https://camoron.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/DISCRIMINACION-EN-EL-DESPIDO.C.3..pdf
Despido discriminatorio: motivos, prueba e indemnización, https://wsyasociados.com.ar/despido-discriminatorio-laboral-articulo-245-bis/
El despido discriminatorio en la Ley de Contrato de Trabajo, https://revistajuridica.ct.unt.edu.ar/article/download/549/524/1583
Espillaga, Ailen Celeste vs. San Marcos E. S.A. y otros s. Despido, https://estudioformaro.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/Espillaga-Ailen-Celeste-vs.-San-Marcos-E.-S.A.-y-otros-s.-Despido-Rubinzal.pdf
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del, https://abogados.com.ar/el-nuevo-art-245-bis-de-la-lct-y-la-reedicion-de-viejos-errores-del-pasado/35858
Fallos Reinstalación: El trabajador víctima de discriminación laboral, https://aldiaargentina.microjuris.com/2023/12/11/fallos-reinstalacion-el-trabajador-victima-de-discriminacion-laboral-tiene-derecho-a-ser-reinstalado-en-las-funciones-que-desempanaba-antes-del-despido/
Despido durante huelga e inconstitucionalidad del art. 245 bis LCT, https://abogadosnuma.com/despido-huelga-inconstitucionalidad-245-bis-lct/
Fallo Álvarez c/ Cencosud (CSJN, 2010): resumen, sumario y texto, https://ninolegal.com/fallo/alvarez-c-cencosud
FALLO MUY IMPORTANTE declara Inconstitucional el ART. 245 BIS, https://www.youtube.com/shorts/axx5r3QOGb8
Análisis Jurisprudencial y Doctrinal sobre la Inconstitucionalidad e, https://www.legalito.ar/analisis-jurisprudencial-y-doctrinal-sobre-la-inconstitucionalidad-e-inaplicabilidad-de-la-derogacion-de-las-indemnizaciones-por-empleo-no-registrado
Despido discriminatorio - Jurisprudencia CSJN, https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/17/documento
bases para la libertad en el derecho administrativo argentino, https://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/bases-para-la-libertad-amarillo/libro.pdf
la Justicia falló a favor de una testigo que declaró contra su empleador, https://documento.errepar.com/actualidad/quien-protege-a-los-trabajadores-que-fueron-testigos-en-juicios-contra-su-empleadora-20251008164631978